Tras el advenimiento al poder del régimen talibán en Afganistán, la población civil sufre lo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha calificado de verdadera catástrofe humanitaria: se estima que más de la mitad de la población, alrededor de 23,7 millones de personas, han necesitado ayuda humanitaria para sobrevivir en 2024. Esta crisis no ha hecho más que sumarse a otros fenómenos ya existentes en el país, como la pobreza endémica o las catástrofes naturales, que no hacen más que empeorar la situación de los más vulnerables.
Esta situación, ya de por sí grave, es, sin lugar a duda, crítica para las mujeres y niñas afganas. De forma abrupta, los talibanes han vuelto a instaurar la sharía como forma de gobierno, formada por un conjunto de normas especialmente de carácter moral que no tienen otro fin que la reclusión, sometimiento y discriminación absoluta de las mujeres y niñas en Afganistán. Los derechos y libertades que lentamente habían conquistado en las pasadas dos décadas han quedado reducidos o incluso extinguidos por el régimen talibán: el acceso a la educación, la participación pública, la libertad de movimiento o el acceso al mercado laboral, son restricciones tan elementales para el ser humano que la comunidad internacional comienza a hablar de una verdadera persecución o apartheid de género.
En este contexto, el éxodo de una parte importante de la población afgana ha crecido exponencialmente en los últimos tres años, hasta el punto de convertirse en el grupo de población refugiada más numerosa del mundo, superando incluso a la población de refugiados sirios.
Desde la óptica de los países receptores, Irán se erige desde 2023 como el primer país del mundo que más refugiados acoge, por delante de Turquía: según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), se calcula que alrededor de 3,8 millones de personas que se han desplazado forzosamente al país persa desde la llegada de los talibanes en 2021. Por su parte, el gobierno iraní estima que al menos 4,5 millones de afganos viven el país, siendo en su gran mayoría, el 71% de ellos, mujeres y niños.
Ante este panorama, si bien ambos países han mantenido tradicionalmente una relación amistosa debido a sus múltiples lazos históricos, sociales, culturales y lingüísticos comunes, la oleada de desplazamientos forzosos ha comenzado a generar un clima de hostilidad en las autoridades iraníes que poco a poco se ha visto trasladado a las calles.
En el plano político, las autoridades iraníes han comenzado a tejer un discurso hostil contra la población afgana. El momento actual no es baladí: Irán se encuentra sumido en una crisis social, económica y política grave: la alta inflación y el alza del precio de los alimentos, las múltiples sanciones internacionales, las protestas sociales con más repercusión en décadas por la muerte de la joven Mahsa Amini, la tensión geopolítica por una posible guerra con Israel o el cambio de régimen en Siria, son algunos ejemplos de los grandes problemas que afronta el país.
En este contexto, no es difícil encontrar ejemplos del duro discurso contra la población desplazada. Durante la campaña electoral durante el verano de 2024, el debate político se centró en relacionar el aumento del número de solicitantes de asilo afganos y la crisis socioeconómica que vive el país. Con el nuevo gobierno formado por el presidente Masoud Pezeshkian, elegido en julio de 2024, las presiones contra la población afgana no han dejado de aumentar: miembros de su gobierno exhortan a los afganos a abandonar Irán y volver a su país para reconstruirlo. La cuenta en redes sociales @RefugeeNewsAFG ha recogido declaraciones de distintas autoridades del gobierno iraní que demuestran la determinación por reducir el número de desplazados en Irán. Entre ellas, destaca el anuncio de la Guardia de Fronteras de que los ciudadanos ilegales deben abandonar Irán a finales de marzo de 2025, la declaración del jefe de policía del Gran Teherán exhortando a los ciudadanos ilegales a abandonar el país o la prioridad de la cuestión migratoria para el ministro del Interior cuando declaró que, una vez entrara en vigor la ley de extranjería, el primer paso será la deportación de ciudadanos ilegales.
Pero si hay un ámbito en el que estos discursos se propagan es el mediático. Los medios de comunicación juegan un papel protagonista a la hora de promover el discurso de odio hacia los desplazados afganos. Investigaciones periodísticas internacionales han demostrado como ciertos periodistas locales difunden información falsa o engañosa sobre la población afgana en redes sociales, a través de pseudónimos o bajo su propio nombre, con el objetivo de generar una opinión favorable a la expulsión de afganos del país. En redes sociales la propagación de hashtags como “deportar a los afganos” ha generado un clima de crispación que pone en el punto de mira a la población afgana. También son comunes los estereotipos culturales que presentan a la población afgana como vaga e incompetente, que roba el trabajo a los locales o incluso presentándoles como criminales y que son difundidos por el gobierno iraní y los medios de comunicación.
De esta forma, en un contexto en el que la población afgana apenas podía aspirar a un trabajo y a una vida sin precariedad, ahora se vienen a sumar una serie de obstáculos administrativos que suponen un verdadero trato discriminatorio en la vida cotidiana de los afganos en Irán:
las restricciones en el acceso a la educación para niños y adultos, el acceso a la vivienda, la participación en el mercado laboral, la atención sanitaria, la utilización de servicios bancarios o la libertad de circulación (tienen vetadas hasta 31 provincias del país), son algunas de las discriminaciones constatadas que sufren a diario. Incluso existen órdenes judiciales que prohíben la venta de un producto tan básico como el pan a refugiados afganos. Todo ello conduce a una mayor discriminación y marginalización de una población que se encuentra ya en una situación altamente precaria.
La situación es aún más severa para los menores no acompañados, según reconoce el propio régimen: el jefe de la autoridad nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Ministerio de Justicia de Irán, declaró que el 85% de los niños que trabajan en Teherán son inmigrantes afganos, y que la mayoría de ellos se enfrentan a situaciones de explotación y abuso. En efecto, numerosas fuentes advierten de las amenazas e incluso maltrato al que se enfrentan estos menores por parte de autoridades o de sus empleadores.
La discriminación no se queda en el ámbito normativo, sino que se ha cristalizado en muchas ocasiones en forma de situaciones de violencia y de trato vejatorio por parte de las fuerzas de seguridad contra los afganos en lugares públicos. En un video que se hizo viral se muestra a un agente deteniendo a un adolescente afgano en el que, para reducirle, le pone la rodilla en el cuello hasta provocarle una fractura, según medios locales. En otro suceso, se detuvo a un niño de 12 años en la salida del colegio: según investigaciones locales se trata de una estratagema elaborada por las autoridades, consistente en detener en la calle a niños afganos y trasladarlos a un campo de detención, obligando así a sus familias a acudir a los campos para, posteriormente, proceder a la deportación de toda la familia.
En redes sociales y periódicos locales existen numerosos testimonios que muestran el acoso social constante de la población afgana, ya sea en espacios públicos contra familias o palizas de la policía a jóvenes afganos en plena calle.
A una escala mayor, las deportaciones masivas para la posterior deportación forzosa, sin garantías procesales ni judiciales, se han convertido en una práctica frecuente: detenciones en domicilios, lugares de trabajo e incluso a través de taxis de alquiler, también testimonios que denuncian tortura y brutalidad de las autoridades en el proceso. En los primeros ocho meses del año 2024, se calcula que se realizaron más de 500.000 devoluciones forzosas a Afganistán.
Pero sin duda, si hay un acto que demuestra el desprecio y crueldad del régimen iraní hacia la población afgana es la masacre en el paso fronterizo Kalgan, en octubre de 2024. Los guardias fronterizos iraníes abrieron fuego ante la llegada de jóvenes desplazados que se dirigían a cruzar la frontera desde Afganistán, causando la muerte de más de 260 afganos. Diferentes testimonios en redes sociales muestran la crudeza del ataque, con imágenes de heridos y fallecidos en la frontera.
Este suceso, que ha causado la conmoción en la escena internacional, ha provocado que la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) haya pedido una investigación «exhaustiva y transparente» sobre las recientes muertes de migrantes afganos en la frontera con Irán.
Menos permisos, más deportaciones
La presión internacional no ha bastado para que el régimen iraní continúe con su línea dura contra los desplazados afganos. De hecho, el parlamento islámico está tramitando un proyecto cuyo objetivo es reducir la presencia y residencia de extranjeros en el país y que, una vez aprobado, se denominará Ley de Entrada y Residencia de Extranjeros en Irán. Según este proyecto, el Ministerio del Interior debería expedir permisos de residencia para extranjeros de forma que «el número de extranjeros residentes en el país disminuya un 10% anual» y la población total de nacionales en cada provincia no supere el 3% de la población de esta al mismo tiempo, la futura ley obliga al Ministerio del Interior a deportar a las personas que se encuentran en situación irregular en Irán en el plazo máximo de un mes, se reducirá su acceso a ayudas y subvenciones y se impone al sector inmobiliario la obligación de verificar los documentos de residencia de los extranjeros que pretendan realizar cualquier transacción inmobiliaria.
De forma paralela al proyecto, se ha construido una valla de 10 kilómetros en la zona fronteriza con Afganistán, al tiempo que se ha anunciado el cierre completo de las fronteras para evitar la migración clandestina con el país vecino.
Con las autoridades presentando a la población afgana como una amenaza para la ciudadanía iraní, la situación se ha vuelto asfixiante para los afganos: Irán ha dejado de suponer una opción segura y se ha convertido en un lugar altamente inestable y peligroso para una población que intenta huir de la opresión talibana.
